El gobierno propondrá incluir en el proyecto de reforma del Código Penal la tipificación de la tortura como delito autónomo. La iniciativa podría ser presentada en el Parlamento el 16 de abril al cumplirse 26 años de la muerte del médico Vladimir Roslik por manos de la dictadura militar.
El anuncio fue realizado ayer por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura ante la bancada de legisladores del Frente Amplio.
El Poder Ejecutivo excluyó la causa por la cual se investiga la “desaparición forzada y sustracción de los entonces menores”, Anatole y Victoria Julién Grisonas, del amparo de la ley 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por no encontrarse comprendidos dentro del artículo 1º de la referida norma.
La resolución, firmada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, estima que “el caso elevado en consulta refiere a dos desapariciones forzadas ocurridas fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera”.
Por esta razón, el Poder Ejecutivo resolvió devolver “estos antecedentes al Poder Judicial, declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, habilitándose la indagatoria.
El candidato del Frente Amplio José Mujica dejó abierta la posibilidad de crear una comisión investigadora que, de la misma forma que sucedió en Chile y Sudáfrica, llegue a la verdad sobre lo acontecido en materia de derechos humanos durante la dictadura.
(Por Alejandro Arrúa).- Mujica había hecho este anuncio en Chile, en un reportaje publicado ayer en el diario La Nación, al responder a una serie de preguntas sobre cuál será su política en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
En la nota señala que si es electo presidente buscará instrumentar una comisión investigadora para “descubrir la verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos” (ver recuadro). Ante una consulta de la prensa sobre este tema, Mujica afirmó ayer en Durazno que “es algo que veremos en su momento”. “Hoy, la primera decisión está en manos del pueblo uruguayo”, agregó, en alusión al plebiscito para anular los cuatro primeros artículos de la Ley de Caducidad. “Si en octubre la ciudadanía se expide contra la Ley de Caducidad habrá que instrumentar mecanismos. Lo de la comisión puede ser”, indicó Mujica, en una conferencia de prensa previa al acto en el Club Wanderers.
“Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”
Ernesto “Che” Guevara a sus hijos.
Desde los tiempos del pachecato, la represión era particularmente dura contra los dos focos emblemáticos de la resistencia: los obreros (CNT) y los estudiantes (FEUU y FES) que enfrentaban con coraje los desbordes autoritarios del gobierno. El único lenguaje que se usaba consistía en gases, sablazos y cachiporras, luego se incorporan las armas de fuego con las que asesinaban en la calle a jóvenes estudiantes desarmados. Eran los tiempos del Escuadrón de la Muerte, tiempos de la Juventud Uruguaya de Pié, del Comando Caza Tupamaros, tiempos de torturas a luchadores sociales, de militarización de los sindicatos y de las detenciones de obreros y estudiantes bajo las medidas prontas de seguridad. Luego vendrían los tiempos de la dictadura cívico- militar y el terrorismo de Estado aplicado a sangre y fuego que habría de durar hasta mediados de los años 80.
El 14 de agosto de 1968, la predictadura cobraba la primera víctima, el estudiante Líber Arce moría como consecuencia de las heridas producidas por las balas policiales. Las bandas fascistas no se detuvieron, vendría una larga lista de jóvenes estudiantes muertos que dejarían una marca indeleble en la historia de nuestro país.
Ese mismo año es asesinado en una manifestación Hugo de los Santos y Susana Pintos que trató de socorrer un compañero envuelta en una bandera blanca que no fue respetada.
Creo que a pesar de las dificultades que hubo en todos estos años para saber la verdad y juzgar a los responsables de los graves delitos de lesa humanidad, hay ahora una firme determinación como ciudadanos, diría inquebrantable, y una necesidad crucial que nos afecta a todos, para definir en octubre la anulación de la Ley de Caducidad.
Es de hecho, una obligación. Si una determinación como ésta no forma parte de nuestra visión política, no tenemos esperanza de restituir lo que casi se nos ha quitado, la dignidad como personas.
Han sido precisos casi 25 años de Estado de derecho y de vida en libertad para que finalmente comience a quebrarse la infame ley y en definitiva el país comience a recuperar la dignidad ciudadana que le quisieron arrebatar.
Hicieron falta muchos años, muchos avatares, muchos esfuerzos y mucho dolor para llegar a demostrar que es una ley inconstitucional, inmoral y una vergüenza nacional.
Los países miembros del Mercosur aprobaron, durante la última Reunión del Consejo del bloque, desarrollada días atrás en Asunción de Paraguay, la creación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, el cual tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires.
El objetivo del Instituto “es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos, contribuyendo así a la consolidación de los mismos, considerándolos como un eje fundamental para la identidad y desarrollo de la región”, expresa un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina.
El daño que causaron los crímenes políticos cometidos en dictadura, que bien pueden calificarse de genocidio, fue demasiado profundo como para lograr superarlo sin una rendición de cuentas. Los muertos siempre son tozudos, pero especialmente cuando quedan sin sepultura ni duelo, y la ausencia de los desaparecidos sin un destino cierto, supone un vacío intolerable para los suyos y para el país.
Durante años los militares ejercieron el poder sin límites y convirtieron a hombres uniformados en disciplinados asesinos, que cumplieron ciegamente las órdenes de secuestrar, torturar y asesinar como parte de una metodología de gobierno. Las víctimas fueron personas con altos niveles de preparación y conciencia política, que fueron perseguidas en su mayoría por su activismo social. Uruguayos y uruguayas pacíficos, estudiantes, trabajadores, profesionales, sacerdotes, jóvenes e incluso niños.
A 36 años del golpe de Estado que aplastó al país, secuestró, torturó, hizo desaparecer adultos y niños, reprimió y empobreció a los trabajadores, hundió la cultura e intentó anular a los jóvenes.
El Uruguay predictatorial, dominado por la violencia política y la convulsión social, anuncia los tiempos oscuros que vendrán. En 1972 las FFAA y la policía torturaban en todo el país. Cientos de hombres y mujeres estaban presos en los cuarteles y otros murieron en la tortura. El 14 de abril el Parlamento, con el voto de legisladores blancos y colorados, aprueba el estado de guerra interno que supone la suspensión de las garantías individuales, allanamientos sin orden judicial, interrogatorios sin plazos, suspensión de recurso de habeas corpus y la intervención de la justicia militar en delitos políticos. A partir de ese momento se acelera la marcha inevitable hacia el hundimiento institucional.
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