A 36 años del golpe de Estado que aplastó al país, secuestró, torturó, hizo desaparecer adultos y niños, reprimió y empobreció a los trabajadores, hundió la cultura e intentó anular a los jóvenes.
El Uruguay predictatorial, dominado por la violencia política y la convulsión social, anuncia los tiempos oscuros que vendrán. En 1972 las FFAA y la policía torturaban en todo el país. Cientos de hombres y mujeres estaban presos en los cuarteles y otros murieron en la tortura. El 14 de abril el Parlamento, con el voto de legisladores blancos y colorados, aprueba el estado de guerra interno que supone la suspensión de las garantías individuales, allanamientos sin orden judicial, interrogatorios sin plazos, suspensión de recurso de habeas corpus y la intervención de la justicia militar en delitos políticos. A partir de ese momento se acelera la marcha inevitable hacia el hundimiento institucional.
En la madrugada del 27 de junio de 1973 las radios trasmiten en cadena música folclórica y marchas militares. El Uruguay amaneció en medio de un gran despliegue de unidades militares ocupando los lugares estratégicos de la capital del país, y el total control de los medios de comunicación. A las siete de la mañana Bordaberry decreta la disolución de las Cámaras y crea el Consejo de Estado. Dos generales y un coronel comandan los tanques de guerra y las tropas que ocupan un Palacio Legislativo vacío, donde la noche anterior tuvo lugar la última sesión del Senado.
Respondiendo a acuerdos previos de la CNT, el mismo día 27 de junio se desató una huelga general de carácter masivo, que tuvo una duración de 15 días. La CNT resolvió de inmediato paralizar toda la actividad laboral. Efectivamente, se extendió a todas las ramas de la actividad y categorías profesionales. La huelga general constituyó la reacción inmediata de la población y el efecto de una conciencia cívico-democrática fuertemente arraigada en la sociedad.
La huelga general fue acompañada con la ocupación de los lugares de trabajo por los trabajadores.
Esta ocupación y paralización de grandes empresas, especialmente estatales, como la refinería y distribución de petróleo, paralizaron prácticamente la vida económica del país.
Si bien Bordaberry asumió la responsabilidad pública del golpe de Estado, y las FFAA eligieron permanecer en un segundo plano, la inesperada crisis que provocó la huelga general, dejó en evidencia el rol decisivo que jugaban los mandos militares en la conducción de este proceso.
Las FFAA decidieron de inmediato desalojar violentamente a trabajadores y empleados de las fábricas y empresas ocupadas. El 30 de junio el gobierno decretó la ilegalidad y disolución de la CNT, alegando que “la actitud adoptada por los dirigentes es de promover y hacer apología de la violencia”. Se pide la captura y el arresto de los dirigentes.
No obstante el día 9 de julio se produjo una gran manifestación multitudinaria de protesta y repudio al régimen, a las cinco de la tarde, en 18, entre la Pza. Libertad y la Pza. Independencia. Ella fue reprimida con un violento operativo militar, que desalojó las calles y ocupó la zona céntrica de la ciudad. Posteriormente, serían enjuiciados por la Justicia Militar varios de sus participantes, entre ellos, el líder del Frente Amplio, Gral. Líber Seregni.
El nuevo régimen encarcela a miles de personas y la represión es tan masiva que obliga a habilitar nuevos sitios de reclusión. A los penales de Libertad y de Punta de Rieles, que alojan a la mayoría de los detenidos procesados por la justicia militar, se suman el Cilindro Municipal y el Establecimiento Frigorífico del Cerro (EFCSA) donde la dictadura amontono a cientos de militantes sindicales y estudiantiles.
Después vendrá el silencio…. Hoy a 36 años, seguimos luchando por la memoria, la verdad, la justicia y el NUNCA MÁS.
