Creo que a pesar de las dificultades que hubo en todos estos años para saber la verdad y juzgar a los responsables de los graves delitos de lesa humanidad, hay ahora una firme determinación como ciudadanos, diría inquebrantable, y una necesidad crucial que nos afecta a todos, para definir en octubre la anulación de la Ley de Caducidad.
Es de hecho, una obligación. Si una determinación como ésta no forma parte de nuestra visión política, no tenemos esperanza de restituir lo que casi se nos ha quitado, la dignidad como personas.
Han sido precisos casi 25 años de Estado de derecho y de vida en libertad para que finalmente comience a quebrarse la infame ley y en definitiva el país comience a recuperar la dignidad ciudadana que le quisieron arrebatar.
Hicieron falta muchos años, muchos avatares, muchos esfuerzos y mucho dolor para llegar a demostrar que es una ley inconstitucional, inmoral y una vergüenza nacional.
Han hecho falta 36 años de luchas populares, de rebelión de las víctimas, de constante exhibición pública de nuestro dolor y de la vergüenza de una sociedad duramente golpeada por la represión como largamente aturdida por el miedo, para que la verdad, el derecho y la razón empezaran a imponerse sobre una ocultación oficial de la verdad histórica y una injusticia consolidada por la arbitrariedad política.
Con la anulación de la Ley de Caducidad, la justicia comenzará a alcanzar a los autores de crímenes contra la humanidad que, pese a ser conocidos por todos, permanecen sin castigo.
Hace ya muchos años que los dictadores golpistas de América Latina (que aún existen) no tienen quien los impulse y apadrine desde el exterior. La política exterior norteamericana tiene otros objetivos prioritarios y sus estrategias han cambiado. El fantasma del comunismo y la amenaza del socialismo han dejado de recorrer el mundo y las obsesiones de Estados Unidos y sus aliados son otras muy distintas a las de 36 años atrás.
Mientras la denuncia social desarrollada por organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes, hijos y familiares continúan señalando las madrigueras donde los genocidas pasan su vejez, impunes o bajo arresto domiciliario por edad avanzada o enfermedad, son cada vez menos los civiles que se pronuncian a su favor
Las FFAA en su conjunto mantienen un impenetrable pacto de silencio, con la esperanza de que el paso del tiempo difumine las responsabilidades de las instituciones en que se encuadran. Queda solo esperar las actitudes individuales.
Los responsables de graves violaciones a los derechos humanos siguen reivindicando su actuación en la sanguinaria lucha contra la “subversión”. Concurren a ceremonias en honor a sus caídos o a ver a sus colegas procesados por crímenes de lesa humanidad, vestidos de civil y con el escudo humano de sus familias. El temor a la justicia se hace patente en algunas organizaciones de extrema derecha cuyas páginas web difunden constantes ataques y calumnias a instituciones y personalidades democráticas, mientras bregan por una reconciliación nacional basada en el olvido.
Más de 30 años no es nada para el dolor y la memoria amarga de quienes sufrimos directamente las consecuencias terribles de la represión. Pero suponen la mitad de la vida de una legión de asesinos impunes. Algunos de ellos ya han muerto sin otro castigo que la repulsa de una gran parte de la sociedad, muchos viven hasta ahora en libertad, entre las complicidades de sus camaradas de armas y bajo la protección de quienes se beneficiaron con el sistema impuesto.
En octubre votaremos SI a la anulación de la ley de Caducidad.
Anularla sigue siendo un desafío que asumimos con la convicción de que ésta es necesaria para construir una sociedad libre, justa y respetuosa de la dignidad de nuestro pueblo.
Comenzó a sonar la alarma señalando el comienzo del fin de la impunidad.
