Creo que a pesar de las dificultades que hubo en todos estos años para saber la verdad y juzgar a los responsables de los graves delitos de lesa humanidad, hay ahora una firme determinación como ciudadanos, diría inquebrantable, y una necesidad crucial que nos afecta a todos, para definir en octubre la anulación de la Ley de Caducidad.
Es de hecho, una obligación. Si una determinación como ésta no forma parte de nuestra visión política, no tenemos esperanza de restituir lo que casi se nos ha quitado, la dignidad como personas.
Han sido precisos casi 25 años de Estado de derecho y de vida en libertad para que finalmente comience a quebrarse la infame ley y en definitiva el país comience a recuperar la dignidad ciudadana que le quisieron arrebatar.
Hicieron falta muchos años, muchos avatares, muchos esfuerzos y mucho dolor para llegar a demostrar que es una ley inconstitucional, inmoral y una vergüenza nacional.
Los países miembros del Mercosur aprobaron, durante la última Reunión del Consejo del bloque, desarrollada días atrás en Asunción de Paraguay, la creación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, el cual tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires.
