El Poder Ejecutivo excluyó la causa por la cual se investiga la “desaparición forzada y sustracción de los entonces menores”, Anatole y Victoria Julién Grisonas, del amparo de la ley 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por no encontrarse comprendidos dentro del artículo 1º de la referida norma.
La resolución, firmada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, estima que “el caso elevado en consulta refiere a dos desapariciones forzadas ocurridas fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera”.
Por esta razón, el Poder Ejecutivo resolvió devolver “estos antecedentes al Poder Judicial, declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, habilitándose la indagatoria.
El candidato del Frente Amplio José Mujica dejó abierta la posibilidad de crear una comisión investigadora que, de la misma forma que sucedió en Chile y Sudáfrica, llegue a la verdad sobre lo acontecido en materia de derechos humanos durante la dictadura.
Una de las experiencias más fuertes y profundas de mi vida, además de haber presenciado el nacimiento de mis hijos, fue haber participado directamente en la búsqueda y el hallazgo de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez. 
Creo que a pesar de las dificultades que hubo en todos estos años para saber la verdad y juzgar a los responsables de los graves delitos de lesa humanidad, hay ahora una firme determinación como ciudadanos, diría inquebrantable, y una necesidad crucial que nos afecta a todos, para definir en octubre la anulación de la Ley de Caducidad.
